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La política energética de la UE
Los retos a los que se enfrenta la UE en el ámbito de la energía incluyen cuestiones como la creciente dependencia de las importaciones, la limitada diversificación, los precios elevados y volátiles de la energía, el aumento de la demanda mundial de energía, los riesgos de seguridad que afectan a los países productores y de tránsito, las crecientes amenazas del cambio climático, la descarbonización, el lento avance de la eficiencia energética, los retos que plantea el aumento de la cuota de las energías renovables y la necesidad de una mayor transparencia, integración e interconexión de los mercados energéticos. Una serie de medidas destinadas a lograr un mercado energético integrado, la seguridad del suministro energético y un sector energético sostenible constituyen el núcleo de la política energética de la UE.
El artículo 194 del TFUE convierte algunos ámbitos de la política energética en una competencia compartida, lo que supone un avance hacia una política energética común. No obstante, cada Estado miembro mantiene su derecho a «determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, su elección entre las distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético» (artículo 194.2).
Alemania porcentaje de energías renovables 2020
La adopción nacional de políticas de energías limpias refleja la creencia -todavía prevalente a nivel gubernamental- de que todo lo que necesitamos para lograr una economía verde son parques eólicos y paneles solares. Por ello, no es de extrañar que el apoyo a las energías limpias sea uno de los más fuertes de todos nuestros ámbitos políticos (después de la planificación nacional de la economía verde), y que los 20 países encuestados tengan objetivos ambiciosos en materia de energías renovables. Desgraciadamente, también se da el caso de que ninguno de los países se ha comprometido todavía a una transición energética integral con bajas emisiones de carbono que abarque el consumo final de energía de los consumidores, es decir, que incluya el transporte y los edificios.
Bangladesh, Botsuana y Trinidad y Tobago se encuentran entre los enfoques más débiles, con objetivos limitados que sólo cubren la electricidad y un plan de aplicación poco claro. Portugal y el Reino Unido tienen enfoques políticos relativamente sólidos, con objetivos creíbles y fuertes incentivos para las energías renovables. Marruecos, India y China también están demostrando una clara ambición por una transición energética limpia, partiendo de bases muy contaminantes en el caso de los dos últimos. Pero los marcos políticos más sólidos son los de Costa Rica y, posiblemente, los de Suecia, que han combinado objetivos ambiciosos con un apoyo político coherente a las energías limpias, ayudados por las amplias reservas hidroeléctricas de ambos países.
Revisión de la política energética de Alemania 2020
La política energética es la forma en que una entidad determinada (a menudo gubernamental) ha decidido abordar las cuestiones relativas al desarrollo de la energía, incluyendo su conversión, distribución y uso. Los atributos de la política energética pueden incluir la legislación, los tratados internacionales, los incentivos a la inversión, las directrices para la conservación de la energía, los impuestos y otras técnicas de política pública. La energía es un componente esencial de las economías modernas. Una economía que funcione requiere no sólo mano de obra y capital, sino también energía, para los procesos de fabricación, el transporte, la comunicación y la agricultura, entre otros. La planificación energética es más detallada que la política energética.
En cuanto al término de política energética, hay que acentuar la importancia de la aplicación de una política ecoenergética a nivel mundial para abordar los problemas del calentamiento global y los cambios climáticos[por quién][1] Las decisiones de política energética a veces no se toman democráticamente[2].
Aunque se sigue investigando, las «dimensiones humanas» del uso de la energía interesan cada vez más a las empresas, los servicios públicos y los responsables políticos. La utilización de las ciencias sociales para conocer el comportamiento de los consumidores de energía puede capacitar a los responsables políticos para tomar mejores decisiones sobre las opciones climáticas y energéticas en general. Esto podría facilitar un uso más eficiente de la energía, la comercialización de energías renovables y la reducción de las emisiones de carbono[3].
Derecho de la energía
La política energética en Estados Unidos implica acciones gubernamentales federales, estatales y locales relacionadas con la producción, distribución y consumo de diferentes fuentes de energía, incluidos los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, así como las fuentes de energía renovables como la solar, la eólica, la nuclear y la hidroeléctrica[1].
Las políticas energéticas se promulgan y aplican a nivel local, estatal y federal a través de la legislación y la reglamentación. Dada la multiplicidad de responsables políticos en todos los niveles de gobierno en Estados Unidos, la política energética es complicada y está interconectada. Por ello, la política energética cuenta con varias partes interesadas, como los ciudadanos, los funcionarios estatales y federales elegidos, los organismos gubernamentales, los grupos de interés nacionales y estatales, las empresas y los grupos de reflexión[1].
Hay varios factores que pueden afectar a la viabilidad de las políticas energéticas, como la disponibilidad de recursos energéticos, la geografía, el coste de la extracción de ciertas formas de energía, la demanda de los consumidores, el impacto potencial sobre el medio ambiente, etc.